Apple pierde demanda colectiva en Reino Unido por abusos en App Store: deberá enfrentar millonarios reclamos por daños

En un fallo histórico con amplias implicaciones para la economía digital global, el Tribunal de Apelación de Competencia (CAT, por sus siglas en inglés) del Reino Unido determinó este jueves que Apple abusó de su posición dominante en el mercado de distribución de aplicaciones móviles, al imponer comisiones “excesivas e injustas” a los desarrolladores entre octubre de 2015 y finales de 2020. La decisión sienta un precedente en el marco del incipiente régimen de demandas colectivas británico y podría costarle a la empresa hasta 1,500 millones de libras esterlinas (unos 2,000 millones de dólares) en compensaciones.

El tribunal concluyó que Apple utilizó su control absoluto sobre la App Store para excluir la competencia y beneficiarse económicamente a costa de consumidores y desarrolladores. Según los argumentos aceptados, Apple cobraba a los desarrolladores hasta un 30% de comisión, muy por encima del 17.5% considerado razonable, y la mitad de ese sobrecosto fue trasladado directamente a los usuarios de iPhone y iPad en forma de precios más altos.

El fallo es resultado de una demanda colectiva interpuesta en nombre de millones de consumidores británicos por la académica Rachael Kent, quien desde el inicio del proceso acusó a Apple de haber generado “ganancias exorbitantes” restringiendo el acceso al ecosistema digital de sus dispositivos. Kent celebró la resolución como una victoria significativa para los derechos del consumidor en la era digital: “Envía un mensaje claro: ninguna empresa, por rica o poderosa que sea, está por encima de la ley”, señaló en un comunicado.

Apple, por su parte, anunció que apelará la decisión y defendió su modelo de negocio argumentando que la App Store “ofrece a los consumidores un entorno seguro para descubrir aplicaciones y a los desarrolladores una plataforma global para el éxito”. La compañía calificó el fallo como una “visión errónea de la próspera y competitiva economía de las aplicaciones”.

El caso marcará un punto de inflexión no solo para Apple, sino para todo el sector tecnológico. El régimen de acciones colectivas del Reino Unido, que cumple una década este año, ha estado bajo la lupa por su efectividad para proteger a los consumidores frente a abusos de mercado por parte de grandes corporaciones. Aunque hasta ahora las demandas masivas no habían logrado fallos tan contundentes, esta resolución podría impulsar una nueva ola de litigios contra otras tecnológicas, como Google, Amazon y Microsoft, que también enfrentan investigaciones y procesos judiciales ante el mismo tribunal.

De hecho, Google será el siguiente gigante en enfrentar un proceso similar, relacionado con las comisiones que cobra a través de su Play Store. La audiencia está programada para octubre de 2026 y coincidirá con otro litigio presentado por Epic Games, compañía que mantiene una disputa paralela con Apple en Estados Unidos.

Analistas legales consideran que el fallo del CAT refuerza una tendencia regulatoria más estricta en Europa y América del Norte, donde las plataformas digitales dominantes enfrentan cada vez más presión por sus prácticas comerciales. En Bruselas, Apple ya está bajo investigación por presuntas violaciones al Reglamento de Mercados Digitales (DMA), y en EE.UU., la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia han incrementado su escrutinio sobre las grandes tecnológicas.

El tribunal celebrará una audiencia adicional el próximo mes para determinar el método de cálculo de los daños y resolver la solicitud de Apple para apelar la sentencia. Mientras tanto, la decisión ya representa un golpe reputacional y legal para una de las marcas más valiosas del mundo, que se enfrenta a la posibilidad de tener que compensar a millones de consumidores por prácticas comerciales que, según el tribunal, rompieron las reglas de la competencia leal en el entorno digital.

El precedente que deja este caso es claro: las grandes plataformas tecnológicas no solo deberán rendir cuentas ante los reguladores, sino también ante los usuarios organizados bajo esquemas legales que comienzan a mostrar su eficacia en el Reino Unido y otras jurisdicciones.