Gobierno de México gestionó la prórroga a bancos sancionados en EE.UU. para evitar afectaciones a usuarios

Desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles que fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que solicitó formalmente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos la prórroga de 45 días concedida a las instituciones financieras mexicanas Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa, tras los señalamientos por presuntas operaciones de lavado de dinero.

“Fue a solicitud de Hacienda que se pidió al Tesoro más tiempo”, explicó Sheinbaum. La prórroga, autorizada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), busca evitar una afectación directa a los usuarios, particularmente en el caso de una de las instituciones implicadas, que opera una red de fideicomisos actualmente intervenidos por la autoridad fiscal mexicana.

“Se está haciendo un trabajo importante con los dos bancos y la casa de bolsa. Particularmente uno de los bancos tenía una serie de fideicomisos que está interviniendo Hacienda para que no haya problema con los que son parte de estos fideicomisos”, detalló la mandataria.

Según fuentes cercanas al caso, la intervención de Hacienda responde a una estrategia para preservar la estabilidad financiera de los clientes, al tiempo que se atienden los señalamientos realizados por las autoridades estadounidenses. La nueva fecha para la entrada en vigor de las restricciones impuestas por Washington será el próximo 4 de septiembre, fecha límite para que las entidades mexicanas regularicen su situación o enfrenten la desconexión definitiva del sistema financiero estadounidense.

La directora de FinCEN, Andrea Gacki, destacó en un comunicado oficial que el Gobierno de México ha mostrado avances concretos en sus esfuerzos para frenar el lavado de dinero ligado al crimen organizado, lo cual justificó la prórroga temporal. “Durante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han coordinado esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones”, señaló Gacki.

Desde el interior del proceso, funcionarios financieros consultados han descrito esta extensión como una oportunidad crítica para reorganizar estructuras internas y reforzar los controles regulatorios. En particular, el caso de los fideicomisos representa un foco sensible por su impacto potencial en terceros ajenos a las operaciones ilícitas.

Las sanciones, anunciadas originalmente a finales de junio, implicaban la prohibición de realizar transferencias desde y hacia entidades estadounidenses, un golpe severo para instituciones con relaciones internacionales activas. El otorgamiento de la prórroga indica una ventana de negociación entre ambos gobiernos, en un momento donde la cooperación bilateral en temas financieros y de seguridad es clave.

El anuncio de Sheinbaum también marca su primera intervención directa en un asunto de esta magnitud desde que asumió la presidencia, evidenciando una postura de respaldo técnico y político a la labor de la SHCP. Observadores del sector bancario apuntan a que la intervención presidencial pretende enviar una señal de estabilidad al mercado, mientras se desarrollan las investigaciones.

Si bien los detalles del caso aún no se han revelado completamente, la coordinación entre México y EE.UU. revela una voluntad compartida de mantener a flote las instituciones involucradas, siempre que cooperen con las medidas de corrección exigidas. El desenlace, previsto para septiembre, será un punto de inflexión para evaluar si el sector financiero mexicano logra demostrar su capacidad de autorregulación ante el escrutinio internacional.