México recupera mil 126 concesiones mineras que abarcan más de 889 mil hectáreas

El Gobierno de México ha recuperado mil 126 concesiones mineras que abarcan 889 mil 502 hectáreas como parte de su política de revisión del sector extractivo, informó la Secretaría de Economía (SE) durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la SE, detalló que una parte relevante de la superficie recuperada corresponde a zonas ambientalmente sensibles, al señalar que dentro de estas concesiones se han recuperado casi 250 mil hectáreas ubicadas en áreas naturales protegidas.

El funcionario explicó que las cancelaciones se han sustentado principalmente en incumplimientos legales por parte de los concesionarios, especialmente por la falta de pago de derechos. Indicó que la legislación contempla la revocación cuando existe un retraso de dos años en el pago, así como en casos de omisión de informes estadísticos y de obras, documentos que son indispensables para acreditar actividad en los proyectos.

“Si no hay este tipo de informes, quiere decir que estos bienes están ociosos y que solo sirven para la especulación”, apuntó Aboitiz Saro al explicar que el objetivo es evitar que terrenos concesionados permanezcan sin actividad productiva.

Añadió que, además de las cancelaciones por incumplimiento, también se han registrado devoluciones voluntarias derivadas del diálogo con la industria minera, aunque precisó que estos casos representan un volumen menor dentro del total recuperado.

Respecto a la distribución territorial, señaló que el trabajo de revisión se ha realizado prácticamente en todo el país, con excepción de Campeche, Quintana Roo y Tabasco, entidades que no cuentan con actividad minera relevante. Las mayores reducciones de concesiones se concentran en estados tradicionalmente mineros como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco.

Las acciones forman parte de la política minera impulsada en los últimos años por el Gobierno federal, orientada a fortalecer el control administrativo de concesiones, proteger el medio ambiente y combatir la especulación sobre terrenos concesionados sin actividad productiva.