Trump impulsa plan para reclasificar la marihuana y abrir paso a menores sanciones y alivios fiscales en EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su gobierno podría decidir en las próximas semanas la reclasificación de la marihuana como una droga menos peligrosa, medida que aliviaría sanciones penales y podría transformar la industria del cannabis al reducir cargas fiscales y facilitar el acceso a financiamiento.

El cambio implicaría mover la marihuana de la Lista I —categoría que la equipara con drogas de alto potencial de abuso y sin uso médico aceptado— a la Lista III, que reconoce un riesgo moderado o bajo de dependencia. Esta modificación abriría la puerta a que las empresas de cannabis accedan a servicios bancarios tradicionales, atraigan inversión institucional, reduzcan costos tributarios y aceleren procesos de fusiones y adquisiciones.

Los mercados reaccionaron de inmediato: las acciones de empresas del sector subieron antes de la apertura bursátil del martes, con Canopy Growth liderando con un alza del 13%, mientras Organigram Global, SNDL, Aurora Cannabis y Tilray Brands avanzaron entre un 3% y un 12%.

Uno de los mayores impactos fiscales sería la eliminación de la aplicación de la Sección 280E del código tributario federal, que impide a negocios con sustancias de las Listas I y II deducir gastos operativos. Sin embargo, expertos como Jaret Seiberg, de TD Cowen, advirtieron que la legalización total sigue siendo improbable por la falta de respaldo en el Congreso y las limitaciones de la DEA para cambiar el marco legal por sí sola.

Analistas como Zuanic & Associates señalan que, aunque la reclasificación facilitaría la operación de la industria, no eliminaría la ilegalidad federal del cannabis, mantendría la prohibición del comercio interestatal y preservaría el esquema donde cada estado define sus propias reglas de mercado.

Desde el interior del sector se interpreta que, aunque el cambio no resolvería todas las barreras, representaría un avance significativo para profesionalizar y estabilizar la industria, además de enviar una señal política que podría redefinir el futuro del cannabis en Estados Unidos.