Elektra pierde otro litigio fiscal: deberá pagar 2 mil millones de pesos al SAT por ISR de 2010

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar cerca de 2 mil millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2010. La decisión, tomada por unanimidad, representa un nuevo revés judicial para la compañía, que en menos de una semana ha perdido dos litigios fiscales por montos similares.

Los magistrados rechazaron un último intento de Elektra por frenar el fallo, luego de que la empresa presentara escritos cuestionando la imparcialidad de los juzgadores. El tribunal consideró estos alegatos como maniobras dilatorias que pretendían evitar la emisión de la sentencia.

Esta resolución se suma a la del pasado 19 de junio, cuando el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa falló en contra de Elektra por otro adeudo de aproximadamente 2 mil millones de pesos por omisiones fiscales del ejercicio 2012.

Actualmente, el conglomerado de empresas de Grupo Salinas enfrenta un pasivo fiscal acumulado superior a los 63 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), según cifras oficiales. De ese total, más de 53 mil millones corresponden a juicios fiscales originados por auditorías practicadas entre 2008 y 2018, mientras que el resto deriva de créditos fiscales en firme.

Una parte importante del adeudo se vincula con el esquema de consolidación fiscal que estuvo vigente de 1982 a 2013 y que permitía a los grupos empresariales compensar pérdidas y ganancias entre distintas filiales, diferir pagos y reducir su carga tributaria efectiva. Aunque esta figura no implicaba condonación, sí ha sido el foco de múltiples controversias y litigios.

Ricardo Salinas Pliego ha sostenido públicamente que su grupo “paga y paga muchísimo” en impuestos, y ha acusado al SAT de recurrir a prácticas extorsivas para obtener cobros excesivos. En 2020, incluso rechazó explícitamente negociar descuentos y sostuvo que sólo pagará lo que considera justo, aunque los tribunales han comenzado a cerrar el margen de maniobra legal para evitar estos pagos.

En un esfuerzo por transparentar el proceso, la Oficina de la Presidencia publicó en 2024 el “Expediente Grupo Salinas”, una recopilación oficial que detalla la ruta legal emprendida por las autoridades fiscales para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias del conglomerado.

Con esta nueva sentencia, el cerco jurídico sobre Grupo Salinas se estrecha, marcando un precedente relevante en la relación entre grandes corporaciones y el fisco mexicano. La resolución también refuerza la postura del actual gobierno de no conceder privilegios fiscales, incluso ante actores económicos de alto perfil y poder mediático.