Gobierno y FGR investigan fraude de importación textil; ocho empresas causaron daño por 24 mil millones de pesos

El Gobierno de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), inició una investigación formal contra ocho empresas que habrían incurrido en fraude aduanero al utilizar de forma indebida el programa IMMEX, diseñado para fomentar la manufactura de exportación. Las compañías involucradas importaban textiles y calzado bajo el esquema de importación temporal, pero no realizaban las exportaciones correspondientes, como exige la ley.

La información fue confirmada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde precisó que tras una revisión detallada se comprobó que estas empresas “estaban mintiendo” al gobierno mexicano. “Decían que importarían para exportar, pero en realidad colocaban los productos en el mercado nacional, evadiendo aranceles y regulaciones”, declaró.

Las operaciones irregulares alcanzaron un valor de 24 mil millones de pesos, y como parte de las medidas adoptadas, se canceló el registro de estas empresas en el programa IMMEX, se congelaron sus cuentas bancarias, y se formalizó una carpeta de investigación con la FGR. “Quiero agradecer mucho a la Fiscalía su apoyo para esto”, añadió Ebrard.

Este caso se da en un contexto de creciente escrutinio por parte del gobierno federal hacia prácticas comerciales desleales en sectores particularmente vulnerables, como el textil y el calzado. Según datos oficiales, la industria textil mexicana emplea a más de 400 mil personas, pero en 2024 alcanzó su nivel más bajo de empleo en años, luego de que su PIB cayó un 4.8 %, equivalente a una pérdida de más de mil 129 millones de pesos.

Como parte de la respuesta estructural, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó en diciembre pasado un decreto que impone aranceles de hasta 35 % a productos confeccionados y de 15 % a textiles, salvo en el caso de países con los que México mantiene tratados de libre comercio. También se amplió la lista de mercancías que ya no pueden ser importadas bajo el esquema IMMEX, precisamente para cerrar la puerta a este tipo de maniobras.

Ebrard subrayó que estas medidas no son aisladas, sino parte de una estrategia más amplia para “promover condiciones justas de mercado, aumentar la competitividad, evitar el contrabando y privilegiar el comercio formal”. En particular, se busca frenar la importación de productos por debajo de su costo real —una práctica conocida como dumping— que ha afectado gravemente a la producción nacional.

Fuentes cercanas al caso indicaron que las investigaciones podrían ampliarse a otros sectores, y que el gobierno evalúa establecer un sistema de trazabilidad aduanera más robusto para evitar el uso fraudulento de programas de estímulo comercial. Mientras tanto, se espera que la Fiscalía avance en la judicialización de los casos detectados, con posibles cargos por fraude fiscal, contrabando y delincuencia organizada.

El operativo, en su conjunto, busca restablecer un piso parejo para la industria nacional, en momentos en que el gobierno ha reafirmado su compromiso con el fortalecimiento del contenido local, el empleo formal y la competitividad productiva dentro del marco del Plan México. La señal es clara: el uso abusivo de beneficios fiscales ya no será tolerado.