Diputados aprueban reformas para proteger a usuarios de tarjetas de crédito y débito

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una serie de reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de proteger a los usuarios de tarjetas de crédito y débito ante prácticas abusivas por parte de instituciones bancarias y comerciales. Las modificaciones buscan garantizar mayor claridad, consentimiento y facilidades para cancelar productos financieros.

El diputado Ricardo Monreal, impulsor de la iniciativa, justificó su pertinencia al señalar que cerca de 40 millones de mexicanos cuentan con una tarjeta bancaria, muchas veces emitida sin solicitud previa. “En el transcurso del año les cobran anualidades e incluso intereses moratorios por no pagar esa anualidad, y al final muchos terminan en el buró de crédito, afectando su derecho a la inclusión financiera”, explicó.

Entre los cambios más relevantes, se establece que no podrán cobrarse comisiones, anualidades o cargos por servicios no solicitados ni autorizados expresamente por el usuario. Las entidades financieras deberán asegurarse de que el cliente tenga pleno conocimiento del contenido de los contratos que firma y, en caso contrario, los cargos derivados serán considerados improcedentes.

Asimismo, se aprobó que las instituciones emisoras estén obligadas a garantizar que toda la información sobre costos, comisiones y cargos asociados sea clara, veraz y suficiente, en apego a los principios de transparencia y protección al consumidor.

En cuanto a la cancelación de tarjetas, las entidades deberán habilitar mecanismos presenciales, telefónicos y digitales —incluyendo botones visibles en apps y portales web— disponibles las 24 horas del día. El proceso de cancelación deberá concluirse en un máximo de cinco días naturales sin ningún costo para el usuario, y formalizarse mediante constancia digital o física.

Otra reforma clave estipula que la emisión de una tarjeta bancaria sin el consentimiento del usuario será nula de pleno derecho, y no requerirá cancelación por parte del afectado. Además, no se podrá reportar a burós de crédito ni afectar el historial del usuario por productos no solicitados o sin uso.

Finalmente, las instituciones financieras estarán obligadas a reembolsar los cargos indebidos derivados de tarjetas emitidas sin autorización en un plazo de cinco días. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) deberán vigilar el cumplimiento de estas disposiciones y formular recomendaciones al Ejecutivo para su correcta aplicación.

Con estas reformas, se busca cerrar la puerta a prácticas que han perjudicado durante años a millones de usuarios y avanzar hacia un sistema financiero más justo, transparente y enfocado en los derechos del consumidor.