Alianza por la Justicia Fiscal reconoce avances en el Paquete Económico 2026, pero exige una reforma fiscal profunda y progresiva

La Alianza por la Justicia Fiscal, un colectivo integrado por organizaciones sociales y especialistas en política pública, reconoció algunos avances contenidos en el Paquete Económico 2026 aprobado por el Congreso de la Unión, pero advirtió que México sigue sin atender el “gran pendiente” de una reforma fiscal profunda, progresiva y estructural que permita elevar los ingresos del Estado y garantizar derechos sociales a la población.

En un pronunciamiento público, el colectivo señaló que el paquete fiscal, que define ingresos, egresos y niveles de endeudamiento para el ejercicio 2026, incluye medidas positivas como el fortalecimiento del control recaudatorio, el combate al llamado “huachicol fiscal” y la ampliación de impuestos especiales a productos no saludables. Sin embargo, advirtió que no resuelve los problemas estructurales del sistema fiscal mexicano.

“Persiste una presión tributaria baja. La recaudación estimada será de 15.1 por ciento del PIB, lo que representa 3.6 puntos por debajo del promedio de América Latina y se mantiene como la más baja de todos los países de la OCDE, que en promedio recaudan cerca del doble”, subrayó la Alianza.

De acuerdo con el análisis del colectivo, esta brecha tributaria limita la capacidad del Estado mexicano para invertir en sectores prioritarios como salud —particularmente para personas sin seguridad social—, educación, seguridad, infraestructura, transporte público, ciencia, tecnología y cultura. También se señaló la falta de presupuesto suficiente para enfrentar la crisis climática y avanzar en la transición energética.

Una de las principales críticas del colectivo fue la orientación del aumento en la recaudación pública, ya que gran parte de estos recursos se destinarán a cubrir mayores apoyos financieros a Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la reducción en los ingresos petroleros del Gobierno federal. “Esto ocurre sin una mejora visible en el gasto de inversión de la empresa ni un replanteamiento claro de su modelo de negocios”, sostuvo la Alianza, al advertir que esto disminuye el impacto social del esfuerzo fiscal.

Asimismo, se mostró preocupación por el aumento del déficit público. Según el Paquete Económico 2026, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) alcanzarán el 4.1 por ciento del PIB, superando el 3.9 por ciento registrado en 2025, sin que se traduzca en un incremento proporcional de la inversión productiva. “Por cada peso de endeudamiento, solo se gastarán 61 centavos en inversión física, lo que debilita el uso sostenible de la deuda”, alertaron.

Pese a estas observaciones, el colectivo celebró la inclusión del Anexo Transversal 31, que permitirá dar seguimiento al gasto federal destinado al sistema de cuidados. No obstante, consideraron que este avance debe acompañarse de una política pública efectiva que garantice este derecho humano y construya una verdadera red nacional de cuidados.

Finalmente, la Alianza por la Justicia Fiscal hizo un llamado al próximo Gobierno federal y al Congreso a replantear el marco fiscal vigente. “Es urgente una reforma fiscal progresiva que eleve los ingresos permanentes, reduzca subsidios regresivos y reoriente el gasto hacia inversión social, transición energética y sostenibilidad de largo plazo”, concluyeron.