Tratados comerciales protegen el sector energético

Diversos acuerdos internacionales, como el T-MEC y el TIPAT, establecen normas para garantizar inversiones y acuerdos en el sector energético.

La adhesión de México a múltiples tratados comerciales con diferentes países y regiones contribuye a proteger el sector energético frente a las modificaciones impulsadas por el Gobierno federal, que podrían crear desventajas para las empresas, según expertos.

Acuerdos como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) establecen normas que los países firmantes deben cumplir para garantizar inversiones y acuerdos comerciales.

Óscar Ocampo, coordinador de la práctica de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explicó que estos tratados funcionan como una "camisa de fuerza" que limita la arbitrariedad gubernamental. "Plantean reglas concretas y transparentes que generan un Estado de Derecho en la economía exportadora, proporcionando certeza jurídica y margen para la inversión en el sector energético", señaló Ocampo.

Julia González Romero, consejera de la firma González Calvillo, destacó que aunque México tiene la libertad de realizar cambios legales o regulatorios, estos no deben incumplir tratados internacionales que protegen inversiones. Ejemplificó con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual busca favorecer a Pemex y CFE frente a empresas privadas.

González Romero advirtió que si los cambios vulneran inversiones protegidas por tratados internacionales, el Estado mexicano podría ser responsable y enfrentar demandas. Las empresas mexicanas afectadas por nuevos riesgos regulatorios pueden buscar amparo en los tratados internacionales para proteger sus inversiones.

Por ejemplo, en caso de que una empresa extranjera enfrente desventajas frente a las nacionales, puede iniciar un arbitraje según lo estipulado en los acuerdos. La reforma de la LIE provocó que Estados Unidos y Canadá iniciaran un periodo de consultas para resolver controversias, antes de llegar a un panel arbitral como lo contempla el T-MEC, aunque este proceso aún no ha comenzado.