Cárteles dominan mercado ilícito de tabaco en México y provocan pérdidas fiscales por 13 mil 500 millones de pesos

Desde el interior del crimen organizado en México se consolida una industria paralela que, lejos de operar en la sombra, ha ganado fuerza a través de la omisión fiscal y sanitaria: el mercado ilícito del tabaco. De acuerdo con un estudio reciente del Colegio de México (Colmex), esta economía subterránea —controlada principalmente por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— provoca pérdidas fiscales estimadas en 13 mil 500 millones de pesos anuales.

La investigación, titulada “Cigarros ilegales y crimen organizado” y realizada por los académicos Manuel Pérez Aguirre y Roberto Roldán Vargas, revela un fenómeno que ha evolucionado más rápido que la capacidad de respuesta del Estado. Mientras las políticas públicas han mantenido el foco en el narcotráfico convencional, los grupos criminales han diversificado sus fuentes de financiamiento y encontrado en el tabaco una veta rentable, difícil de rastrear y altamente funcional para sostener sus operaciones.

Según los investigadores, el Cártel de Sinaloa ha concentrado su interés en el contrabando de tabaco extranjero —particularmente de origen asiático—, mientras que el CJNG ha enfocado esfuerzos en la producción ilegal nacional, evadiendo impuestos y regulaciones sanitarias como las licencias emitidas por la Cofepris. Entre las marcas más representativas del mercado negro figuran Win y Brass, ambas de procedencia china, junto con cigarrillos de manufactura nacional clandestina.

“Las estrategias implementadas por el gobierno federal contra el tráfico ilegal de cigarrillos no contemplaron la evolución del crimen organizado mexicano”, advierten los autores, haciendo énfasis en cómo esta omisión ha permitido a los cárteles consolidar rutas, centros de producción y cadenas de distribución que ya operan en diversos estados del país.

Además del evidente impacto fiscal, el estudio destaca el valor estratégico que tiene el tabaco ilegal para financiar otras actividades de alto impacto, como el tráfico de drogas, la trata de personas o el lavado de dinero. Este dinamismo criminal no solo afecta los ingresos públicos, sino que mina la legalidad económica, un riesgo que ya ha sido identificado por el gobierno de Estados Unidos dentro de su narrativa de seguridad nacional, según el documento.

Otro factor que alimenta este mercado ilícito es el diferencial de precios generado por la carga fiscal. El alto costo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que grava con dureza al producto legal, ha empujado a muchos consumidores hacia alternativas más baratas y sin regulación. El Paquete Económico 2026 podría profundizar esta tendencia, al proponer un incremento del IEPS ad valorem de 160% a 200% y un aumento del 80% en la cuota específica por unidad.

“La venta ilegal se vuelve más atractiva mientras los productos legales, sometidos a impuestos y controles sanitarios, resultan inaccesibles para un segmento creciente de la población”, explican los académicos. Este fenómeno refuerza la lógica de un mercado dual: uno formal, asfixiado por la regulación; y otro clandestino, operando con total libertad.

Fuentes consultadas en el sector advierten que, de mantenerse esta tendencia, el Estado no solo continuará perdiendo ingresos, sino que seguirá alimentando involuntariamente la caja operativa del crimen organizado. La ausencia de una estrategia integral para combatir este fenómeno —que incluya inteligencia fiscal, regulación eficiente, vigilancia aduanera y control territorial— podría convertir al comercio ilegal de tabaco en el nuevo eje económico de los cárteles en México, con consecuencias de largo alcance para la seguridad nacional y la salud pública.